NOTAS DEL 11 de septiembre de 2026 con edición de Sergio Benaroya
Entre el aplauso del déficit cero y el peso de la realidad
El país atraviesa un momento bisagra. A casi tres años de la irrupción del experimento libertario en la Casa Rosada, la Argentina muestra una fisonomía económica signada por los contrastes. Por un lado, resulta innegable el mérito de haber domado una espiral inflacionaria que amenazaba con devorarse la paz social y el poder adquisitivo del país; el superávit fiscal y el freno a la emisión monetaria han devuelto una aparente calma macroeconómica que pocos auguraban en los albores de esta gestión.
Sin embargo, los números fríos de la macroeconomía, por más saludables que luzcan en las planillas oficiales, no bastan para sostener el tejido de una nación. La calma cambiaria y el descenso de la inflación son condiciones necesarias, pero de ninguna manera suficientes. El verdadero dilema que enfrenta hoy la Argentina no es cómo apagar el incendio, sino qué tipo de edificio se va a construir sobre las cenizas. Y es en ese terreno donde el proyecto oficial empieza a mostrar grietas preocupantes.
El problema central de la estrategia gubernamental ha sido confundir el ajuste con el desarrollo. Se ha celebrado la motosierra como si el mero recorte del gasto fuera un plan productivo en sí mismo. La paralización de la obra pública, el estrangulamiento de las economías regionales y el enfriamiento del consumo interno han dejado a vastos sectores industriales y comerciales en un estado de letargo. Sin crédito accesible, con costos operativos en alza y un mercado interno golpeado, la pequeña y mediana empresa -verdadero motor del empleo nacional- camina hoy sobre la cornisa.
A esta debilidad económica se le suma una miopía política permanente. La confrontación verbal sistemática, la descalificación del que piensa distinto y la pretensión de gobernar a fuerza de decretos y vetos pueden haber servido como combustible electoral, pero resultan profundamente ineficaces para garantizar la previsibilidad que exigen las inversiones de largo plazo. Nadie arriesga capital a diez años en un país donde las reglas del juego se debaten a los gritos y donde la seguridad jurídica depende del humor del Poder Ejecutivo de turno.
Para que este ciclo no termine convirtiéndose en otra frustración histórica, el Gobierno debe comprender que el tiempo de la retórica antisistema se ha agotado. La estabilidad no se consolida duplicando la apuesta del choque, sino construyendo acuerdos institucionales duraderos.
Argentina necesita pasar con urgencia de la etapa de la motosierra a la etapa de los cimientos. Eso exige prioridades claras:
Infraestructura estratégica: Retomar la inversión en conectividad, transporte y energía mediante esquemas de participación público-privada que no comprometan el equilibrio fiscal.
Paz institucional: Reemplazar la diatriba cotidiana por la negociación legislativa, dotando a las reformas estructurales de la legitimidad que solo aporta el consenso democrático.
El superávit fiscal no es un fin en sí mismo; es apenas la herramienta para que un país pueda crecer, educar, innovar y ofrecer oportunidades a sus ciudadanos. Si la única propuesta del Estado para los próximos años es la austeridad perpetua, el consenso social que hoy sostiene la reforma terminará por evaporarse.
El Presidente y su equipo económico se encuentran ante una encrucijada inevitable: aferrarse al dogma y a la trinchera cultural, o asumir la responsabilidad de liderar un proceso de desarrollo integral. Menos estridencia en los micrófonos y más pragmatismo en la gestión. De esa elección depende que los sacrificios realizados por la sociedad argentina en estos años valgan la pena o se reduzcan, una vez más, a una oportunidad perdida.
El algoritmo y el laberinto del Estado
La burocracia estatal suele ser descripta como una maquinaria lenta, pesada e indiferente. En la Argentina, como en tantas otras latitudes del mundo en desarrollo, los ciudadanos han aprendido a convivir con un entramado normativo sofocante, donde cada trámite es una odisea, cada ventanilla un obstáculo y cada regulación superpuesta una invitación a la informalidad o a la arbitrariedad. Frente a esta parálisis crónica, la irrupción de la inteligencia artificial en la administración pública emerge en el debate global no solo como una innovación tecnológica, sino como una promesa de redención institucional.
Experiencias recientes en diversos países del Sudeste Asiático muestran el alcance de esta transformación: sistemas algorítmicos capaces de mapear y simplificar cientos de miles de decretos contradictorios, automatizar la concesión de licencias comerciales y reducir drásticamente el margen de discrecionalidad humana en la asignación de recursos públicos. Allí donde la intermediación política o administrativa solía ser terreno fértil para la ineficiencia y la corrupción, el código informático propone velocidad, neutralidad y trazabilidad. La tentación de importar estas soluciones empaquetadas para saltear décadas de deficiencias institucionales resulta, a simple vista, irresistible.
Sin embargo, la fascinación por el solucionismo tecnológico acarrea un riesgo considerable: confundir la velocidad del procesamiento con la calidad de la gobernanza. La inteligencia artificial no opera en el vacío; se alimenta de la información que la precede y se despliega dentro del marco político que la diseña. Si se introduce un algoritmo avanzado sobre un sistema legal incoherente, con datos sesgados o bajo incentivos extractivos, el resultado no será una administración más justa, sino una burocracia defectuosa ejecutada a una escala y velocidad nunca antes vistas.
El verdadero desafío para la Argentina no consiste en reemplazar a los funcionarios por pantallas, sino en entender que la tecnología es un amplificador de las capacidades estatales, jamás un sustituto de la voluntad política ni de la reforma de fondo. Un sistema automatizado para auditar compras públicas o simplificar marcos normativos solo será efectivo si existe un compromiso genuino con la transparencia, la división de poderes y el respeto a las garantías individuales. De lo contrario, la digitalización corre el riesgo de convertirse en un cosmético costoso que enmascara viejos vicios o, en el peor de los escenarios, en una herramienta de control intrusivo sobre el ciudadano y el contribuyente.
La inteligencia artificial ofrece una oportunidad histórica para desenredar el laberinto burocrático que ha frenado durante décadas el desarrollo nacional. Pero la herramienta nunca debe ocultar la tarea principal: la reconstrucción de un Estado moderno, austero, previsible y, por encima de todo, sujeto a la ley. Sin instituciones sólidas que guíen al algoritmo, la tecnología no nos salvará de nosotros mismos.
Romper el silencio para salvar vidas: el desafío de la salud mental en las Américas
El suicidio representa una trágica paradoja en la agenda de la salud pública regional. Es una de las causas de muerte evitables más devastadoras para las familias y comunidades, y sin embargo, las Américas ostentan el alarmante hito de ser la única región del mundo donde este indicador ha mostrado una tendencia ascendente continua en las últimas dos décadas. Cada año, más de cien mil personas pierden la vida por esta causa en el continente, lo que expone no solo un sufrimiento individual invisible, sino la fragilidad de las redes de contención social y sanitaria de la región. A un año del lanzamiento de la Iniciativa Regional para la Prevención del Suicidio impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la evaluación de sus primeros pasos deja un saldo que combina la esperanza de la acción coordinada con la crudeza de una deuda estructural no saldada. La iniciativa, cimentada sobre la estrategia LIVE LIFE de la OMS, ha logrado avances conceptuales y operativos indispensables: la capacitación de más de 2.400 profesionales de la salud en el primer nivel de atención a través de plataformas virtuales, el fortalecimiento del rastreo y seguimiento epidemiológico y la restricción del acceso a medios letales. Sin embargo, estos avances no deben opacar la brecha que aún dista entre los diagnósticos técnicos y la realidad presupuestaria. No se puede construir un sistema preventivo eficiente sobre un terreno desfinanciado. Según los propios datos del Atlas de Salud Mental de la OPS, los países de las Américas destinan una mediana de apenas el 3% del gasto público en salud a la atención mental, manteniendo una tasa promedio de tan solo 14,9 trabajadores de este sector por cada cien mil habitantes. Esta escasez de recursos impacta de forma directa sobre la atención primaria, que es con frecuencia el primer -y a veces único- punto de contacto para una persona en situación de riesgo o vulnerabilidad.
Prevenir el suicidio exige abandonar la falsa idea de que se trata de un problema estrictamente clínico. Requiere abordar las causas complejas que lo rodean: la marginalidad, la falta de oportunidades, la violencia estructural, el aislamiento social y las demoras burocráticas en el acceso a la atención médica. El enfoque coordinado que propone la OPS solo rendirá sus mejores frutos si los gobiernos nacionales asumen con rigurosidad la tarea de integrar la salud mental en los servicios comunitarios cotidianos y garantizan una inversión financiera acorde a la magnitud del problema.
El llamado a "cambiar la narrativa" e "iniciar la conversación" debe traducirse en un compromiso duradero por parte de los Estados, las instituciones de la sociedad civil y los medios de comunicación. El estigma social sigue actuando como una barrera silenciosa que congela el pedido de ayuda. Superarlo exige no solo comunicación responsable, sino la garantía de que, cuando una persona decida hablar, del otro lado habrá un sistema público capaz de escuchar, acompañar y contener.